Vivimos en la sociedad de la vigilancia. Ya sea en las calles o en la intimidad de nuestros hogares, los Estados pagan con dinero público a empresas privadas para que nos espíen.
El espionaje estatal no es algo nuevo: los gobiernos tienen una larga historia de espionaje a las poblaciones insubordinadas a fin de adelantarse a ellas y acabar con posibles amenazas antes de que se hicieran realidad. Sin embargo, los avances de la tecnología digital en las últimas décadas han allanado el camino para que los Estados vigilen a poblaciones enteras hasta un nivel sin precedentes y profundamente preocupante. Antes, los gobiernos espiaban a objetivos específicos, hoy la tecnología digital ofrece el equipamiento para espiarnos a todos, todo el tiempo: todo el mundo es sospechoso, nadie está a salvo.
George Orwell advirtió de un futuro distópico en el que «siempre había ojos que te observaban… despierto o dormido, dentro o fuera de casa… [donde] nada era tuyo salvo los pocos centímetros cúbicos de tu cráneo». Este futuro distópico es ahora una realidad. El desarrollo de la vigilancia digital y la existencia de un mercado de productos de alta tecnología en constante expansión, junto con una narrativa de seguridad nacional aparentemente incuestionable y una tendencia a la privatización de los servicios públicos, ha supuesto que los Estados dependan ahora de múltiples herramientas digitales para vigilar y controlar a la sociedad. La tecnología de reconocimiento facial, las herramientas de extracción de datos telefónicos, los drones y las cámaras CCTV, entre otras tecnologías de vigilancia, se despliegan actualmente de forma rutinaria para vigilar a las poblaciones, sin tener en cuenta su impacto en la privacidad y los derechos fundamentales.
Desde su aparición, los gobiernos han utilizado el Covid-19 para justificar una dependencia aún mayor de la vigilancia digital, argumentando que esta es necesaria para aplicar medidas de distanciamiento social. Han aumentado los vuelos de drones, algunos de ellos con imágenes térmicas, y las aplicaciones de seguimiento del Covid-19, que son capaces de vigilar todos nuestros movimientos y recopilar enormes cantidades de datos sobre nuestra vida cotidiana. Esto es una vigilancia estatal “hormonada”. Del mismo modo, las empresas de alta tecnología, ávidas de beneficios, se han apresurado a afirmar que las herramientas biométricas, como el reconocimiento facial o los escáneres de retina, son tan fiables y necesarias como nunca antes, aprovechando una crisis sanitaria mundial para comercializar sus herramientas de vigilancia como parte de la solución a un problema de salud. Todos tenemos derecho a la intimidad. Cuando se viola este derecho, se producen importantes repercusiones en el cumplimiento de otros derechos fundamentales, como el derecho a la vida familiar, la libertad de expresión, la libertad de reunión, de movimiento y de religión. Para quienes participan activamente en los movimientos sociales, saber que cada uno de nuestros pasos está potencialmente vigilado puede tener un efecto escalofriante en nuestro activismo y en la forma que adoptan nuestras luchas políticas.
Este proyecto se centra en tres países -Francia, España y Reino Unido- en los que las tecnologías de vigilancia se han incorporado y normalizado cotidianamente en la actividad policial, reforzando a menudo los prejuicios negativos de clase y raza, sin ningún debate público significativo. Explicaremos cuáles son las tecnologías utilizadas y su impacto en una sociedad civil políticamente activa. Igualmente, expondremos los enormes beneficios que obtienen las empresas. Por último, esbozaremos algunas recomendaciones que, si se ponen en práctica, podrían cambiar el rumbo de la vigilancia masiva.
Los gobiernos han utilizado el Covid-19 para justificar una dependencia aún mayor de la vigilancia digital, argumentando que ésta es necesaria para aplicar medidas de distanciamiento social.
PAÍSES
- La pandemia del Covid-19 ha servido de pretexto para acelerar los procesos y políticas en materia de tecnologías y herramientas digitales, aunque antes del Covid-19, el Estado español ya había dado pasos para convertir su modelo de seguridad en un modelo de vigilancia masiva.
- El concepto de «ciudad inteligente» es una excusa para aplicar tecnologías de vigilancia sobre las personas que precisamente se ha normalizado y legitimado durante la crisis sanitaria.
- Desde 2018, España participa en un proyecto denominado AI MARS que pretende implantar un sistema de vigilancia y control basado en el 5G, la inteligencia artificial y la tecnología de reconocimiento facial para identificar comportamientos «irregulares». Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad juegan un papel fundamental en este proceso.
- Las tecnologías de vigilancia y control tienen el potencial de conectarse a los centros de mando y control de la policía, confiriendo más poder al Estado y a las fuerzas del orden para controlar a las poblaciones.
- La pandemia ha servido de pretexto para el despliegue de nuevas tecnologías de vigilancia, en particular los drones. Estos aparatos también se han utilizado para vigilar las manifestaciones.
- El proyecto de ley de seguridad global, que refuerza los poderes de vigilancia de muchos agentes de seguridad en Francia, es denunciado por muchas ONG como un asesino de la libertad. El proyecto de ley también legalizará la vigilancia con drones. El Consejo de Estado ya ha sancionado a la policía francesa por haber utilizado esta tecnología ilegalmente en varias ocasiones.
- La tecnología de reconocimiento facial sigue siendo ilegal en Francia, pero su uso experimental está aumentando con la proximidad de los Juegos Olímpicos de París en 2024. En muchas ciudades se están desplegando ya algoritmos que, junto a la videovigilancia, permiten identificar vehículos o personas.
- A finales de 2020, varios decretos ampliaron los poderes de los servicios de inteligencia, que pueden presentar expedientes extremadamente detallados de personas en función de sus ideas políticas o por su simple participación en una manifestación.
- El Reino Unido tiene fama de ser un Estado vigilado, y con razón: Londres tiene una cámara de videovigilancia por cada 14 habitantes.
- El uso de la vigilancia por parte del Estado británico no es nada nuevo. Como poder colonial, el Imperio Británico recurrió en gran medida a la vigilancia estatal durante muchos siglos para someter a los pueblos ocupados a su control y pacificarlos. Hoy, la vigilancia se utiliza en forma racializada y clasista, para controlar determinados sectores poblacionales en el Reino Unido.
- La policía está utilizando la legislación antiterrorista para llevar a cabo un «registro digital» de los organizadores políticos en las fronteras del Reino Unido. La policía también utiliza tecnología de extracción de datos y de extracción de la nube para investigar los dispositivos incautados. Estas tecnologías pueden recuperar datos de servicios de servidores de terceros. Los contratistas privados que trabajan para la policía británica también anuncian que pueden hackear servicios de mensajería segura como Telegram.
- No existe ninguna ley que restrinja el uso de la tecnología de reconocimiento facial (FRT) en el Reino Unido, por lo que las fuerzas policiales británicas y uno de los municipios londinenses han desplegado esta tecnología en el concurrido espacio público.
- La policía británica es consciente de que el reconocimiento facial en vivo es inexacto a la hora de identificar a las personas racializadas; sin embargo, esta tecnología peligrosamente defectuosa se sigue utilizando.
- Las fuerzas policiales del Reino Unido han aumentado masivamente el uso de la tecnología de los drones durante los confinamientos de Covid-19. Los drones se utilizan ahora de forma rutinaria para vigilar las protestas políticas.
- La policía británica ha utilizado IMSI catchers para interceptar los datos de los teléfonos móviles de los manifestantes en el Reino Unido. Al menos nueve fuerzas policiales británicas están equipadas con tecnología IMSI catcher.
Han aumentado los vuelos de drones, se han implementado aplicaciones de seguimiento de, Covid-19, capaces de monitorizar ytodos nuestros movimientos y recopilar cantidades masivas de datos sobre la vida de las personas. Una de las tecnologías más invasivas es el uso de herramientas de reconocimiento facial y los scanners de retina.
TECNOLOGÍAS
ESTUDIOS DE CASO
La ciudad meridional de Niza -la quinta de Francia en cuanto a población- es hoy la más vigilada de Francia, con más de 3.000 cámaras de videovigilancia.
En 2008, su alcalde, Christian Estrosi, hizo de la vigilancia digital una prioridad. En 2016, tras los atentados del 14 de julio que dejaron 86 muertos en Niza, dio un nuevo paso y confió en tecnologías más intrusivas.
La ciudad utiliza varios paquetes de software de análisis automático de imágenes. La comunidad ha instalado decenas de botones de alerta en los comercios locales y ha tratado de desplegar una aplicación de denuncia. Niza fue la primera ciudad que experimentó con el reconocimiento facial en Francia en 2019. La ciudad también estuvo involucrada en un proyecto fallido de reconocimiento facial en las escuelas secundarias.
Durante el encierro en España, varias fuerzas del orden han utilizado la tecnología de los drones para controlar y vigilar a la población. Muchos cuerpos de policía local han utilizado drones para informar a los ciudadanos, así como para vigilar los desalojos y los eventos masivos. Algunos de los drones que se han puesto en marcha, como los de la Policía Municipal de Madrid, están incluso equipados con cámaras de imagen térmica, capaces de medir la temperatura corporal para detectar a las personas con fiebre, independientemente de si ésta era consecuencia del Covid-19 o de otras infecciones más frecuentes.
La pandemia no ha hecho más que exacerbar la tendencia creciente del uso de drones como mecanismo de control, pero, el Estado español mediante la policía catalana ya comenzó en 2018 a utilizar drones para controlar el espacio aéreo durante el Mobile World Congress de Barcelona. En octubre de 2019, la policía autonómica utilizó sus seis drones DJI para vigilar las grandes manifestaciones contra la sentencia que condenó a prisión a políticos y dirigentes soberanistas catalanes. Estas aeronaves controladas a distancia proporcionan imágenes complementarias a las del helicóptero policial, que también está equipado con cámaras de alta resolución.
La policía del Reino Unido ya cuenta con el reconocimiento facial en vivo (LFR) para controlar las protestas políticas y vigilar grandes eventos públicos.
Como ejemplo, la Policía de Gales del Sur ha utilizado el LFR en al menos 61 ocasiones desde 2017, como conciertos, centros comerciales, eventos deportivos y al menos una protesta política. En 2018, este cuerpo policial detuvo a 22 personas tras ser identificadas mediante tecnología de reconocimiento facial.
El uso de la LFR contra manifestantes antimilitaristas en una protesta celebrada ante la exposición de armas del DPRTE en el Motorpoint Arena de Cardiff supuso una nueva fase en la represión policial de alta tecnología de las protestas en el Reino Unido y dejó claro que una de las funciones de la LFR para las fuerzas policiales en el Reino Unido es el control de la disidencia política.
Además, todas las fuerzas policiales del Reino Unido tienen actualmente la capacidad de realizar búsquedas en la Base de Datos Nacional de la Policía (PND) utilizando tecnología de reconocimiento facial, que da a la policía la capacidad de cotejar imágenes de CCTV con imágenes almacenadas en la PND. Esto se denomina «búsqueda facial». La base de datos incluye imágenes de personas que nunca han sido condenadas por ningún delito.
Cuando se detiene a una persona, ya sea en las fronteras del Reino Unido o mediante arresto y registro domiciliario, la policía suele hacer uso de sus poderes para incautar teléfonos, tabletas, ordenadores, tarjetas de memoria y tarjetas SIM, y conservarlos para tratar de extraer información. Este procedimiento equivale a un «cacheo digital» por parte de los agentes de policía. El procedimiento de extracción se lleva a cabo con programas informáticos desarrollados por empresas como la israelí Cellebrite, utilizados por varias fuerzas policiales de alrededor del mundo para desbloquear teléfonos inteligentes y extraer datos.
La policía británica está haciendo uso del Anexo 7 de la Ley de Terrorismo para incautar dispositivos en las fronteras del Reino Unido. El Anexo 7 entró en vigor como parte de la Ley de Terrorismo del Reino Unido en el año 2000 y permite a la policía detener a las personas a su llegada o salida del Reino Unido e interrogarlas para determinar si pueden estar implicadas en la preparación de actos terroristas. A diferencia de otros poderes de interrogatorio policial, en virtud del Anexo 7 es ilegal responder «sin comentarios» o no responder. Las personas pueden ser detenidas, procesadas y encarceladas si se niegan a dar una respuesta.
Aunque -en teoría- las preguntas tienen que estar relacionadas con la investigación del terrorismo, en realidad se ha preguntado a las personas sobre una serie de temas no relacionados con las organizaciones «terroristas» proscritas. Por ejemplo, se ha interrogado a personas sobre sus creencias religiosas, su vida personal, su participación en protestas y su organización política. En virtud del Anexo 7, la policía también está facultada para confiscar dispositivos electrónicos y exigir contraseñas, y está facultada para detener a las personas que no los faciliten.
Según Kevin Blowe, coordinador de Network for Police Monitoring (Netpol):
“El mayor uso que se da del Anexo 7 es, sin duda, contra los musulmanes con opiniones políticas, especialmente en cuestiones de política exterior o de seguridad. Es un poder policial fundamentalmente islamófobo. Sin embargo, como herramienta, este poder se dirige a la vigilancia de cualquier persona cuya política tenga la imaginación de mirar más allá de las fronteras: así, la solidaridad con los migrantes o las luchas independentistas, como la de los palestinos o los kurdos. Esto también implica reuniones de activistas de diferentes países que rechazan el papel del capitalismo en las soluciones al cambio climático, los conflictos o la pobreza global. Por eso es imposible ver el uso del Anexo 7 como algo distinto a una flagrante labor de policía política”.
La vigilancia de activistas por parte de las fuerzas policiales de España está lejos de ser una simple anécdota. Sin embargo, algunos casos merecen una mención especial por su gravedad y sus consecuencias enormemente perjudiciales para el derecho a la privacidad y el secreto de las comunicaciones. La vigilancia a través de la interceptación de las comunicaciones y la extracción de datos de dispositivos personales, como teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, ha sido especialmente dura contra el anarquismo organizado políticamente y los movimientos independentistas vascos y catalanes; aunque también líderes sindicales y otros activistas políticos han sido vigilados de esta manera.
Entre 2013 y 2015, 68 personas fueron detenidas en una serie de macrooperaciones contra grupos anarquistas. Algunas de las personas detenidas habían sido sometidas durante mucho tiempo, incluso durante años, a escuchas policiales especialmente invasivas y perjudiciales, en las que la mayoría de las conversaciones presentadas como prueba en el juicio eran de carácter íntimo o relacionadas con sus redes afectivas y de amistad. Otro de los casos más recientes de escuchas policiales a disidentes políticos fue la investigación contra los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), grupos de base independentistas catalanes. Se realizaron mediante la colocación de dispositivos GPS en vehículos para seguir sus movimientos.
La policía regional catalana ha admitido que robó objetos personales -como cepillos de dientes- a activistas políticos, para extraer su ADN. El uso de este método por parte de la policía en Cataluña para aumentar el control sobre los movimientos sociales era sólo un rumor hasta que se corroboró en el juicio contra Lisa, una anarquista alemana acusada de un atraco a un banco. Según sus abogados, los perfiles genéticos se obtuvieron de forma potencialmente ilegal y sin la autorización de un juez. El campo de pruebas de la recogida de ADN por motivos políticos ha sido históricamente el País Vasco, donde la policía comenzó a utilizar -a principios de los años 2000- las pruebas genéticas para acusar a decenas de jóvenes en procesos judiciales, que han conducido a algunas de estas personas a largas condenas de 20 y 30 años en prisión.
En el verano de 2020, una investigación de CitizenLab sacó a la luz el uso del «spyware Pegasus» para espiar los archivos, fotografías, historial de navegación web, correos electrónicos y otros datos de políticos y activistas catalanes independentistas, entre ellos el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent. El teléfono del presidente Torrent habría sido infiltrado a través de una llamada perdida a su Whatsapp en 2019, e inmediatamente señaló que el Estado español estaba detrás del ataque a su teléfono, y que creía que muy probablemente se había producido sin orden judicial. De hecho, según un antiguo empleado de la ONE, el software espía fue adquirido por los servicios de seguridad españoles a través de su Ministerio del Interior en 2015.
El propio Grupo NSO ofreció a los Estados, como parte de los servicios de gestión de la pandemia, una nueva herramienta de análisis de Big data para mapear el movimiento de las personas y sus contactos, con el objetivo de ayudar a frenar el virus. En los últimos tiempos, activistas y abogados han detectado una adaptación de técnicas clásicas como la vigilancia policial del entorno digital mediante el uso de tecnologías de phishing, suplantación de correo e infiltración digital a través del correo electrónico y de redes de mensajería como Whatsapp o Telegram. En octubre de 2020, el periódico catalán La Directa, hizo pública una información relativa a la suplantación de al menos 11 cuentas de correo electrónico de organizaciones políticas, movimientos juveniles, centros de reunión de la comunidad y sindicatos de la vivienda. Se enviaron más de 60 correos electrónicos falsos con el claro objetivo de recabar información sobre las actividades y los documentos internos de estas organizaciones.
EMPRESAS
Las empresas de alta tecnología, ávidas de beneficios, se han apresurado a afirmar que las herramientas biométricas, como el reconocimiento facial o los escáneres de retina, son tan fiables y necesarias como nunca antes, aprovechando una crisis sanitaria mundial para comercializar sus herramientas de vigilancia como parte de la solución a un problema de salud.
UNA HOJA DE RUTA HACIA LA SEGURIDAD HUMANA DIGITAL:
25 años después del Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD, que proporcionó un marco fundamental de seguridad humana basado en dos dimensiones: la libertad frente al miedo, intrínsecamente relacionada con cualquier amenaza a la vida humana y la integridad física; y la libertad para vivir sin miseria, entendida como la satisfacción de las necesidades humanas básicas (alimentación, salud y educación). Sin embargo, todavía hoy nos esforzamos por incorporar nuevas nociones de seguridad interrelacionadas con los derechos humanos y el desarrollo.
Una de las razones de este desafío es la relación simbiótica entre los gobiernos y el complejo militar industrial, que impone un enfoque de seguridad militar y técnica para hacer frente a las amenazas a las que se enfrenta la humanidad, marginando soluciones no militares, no violentas y de transformación de conflictos más sostenibles.
De ahí que la crisis de emergencia ocasionada por la pandemia del Covid-19 haya creado la oportunidad para que este tipo de asociaciones público-privadas aceleren la penetración de las tecnologías militares para vigilar y controlar las voces disidentes, socavando las libertades civiles y los derechos digitales.
Pero la relación con la tecnología puede ser una experiencia de vulneración o puede ser transformadora. El ámbito digital está empoderando a los activistas, conectando luchas y proporcionando espacios para compartir narrativas alternativas al discurso hegemónico, organizando acciones de defensa y construyendo movimientos. Por lo tanto, debemos construir entornos digitales seguros y radicalmente democráticos para ejercer nuestros derechos humanos y satisfacer nuestras necesidades humanas. Para trazar una hoja de ruta hacia la seguridad digital es preciso tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
Recomendaciones dirigidas a las autoridades públicas:
● Proteger los derechos digitales y las libertades civiles: Exigimos respeto a la privacidad y libertad de las personas, y la protección de los datos personales. Para ello es necesario el uso democrático de la tecnología en los espacios públicos.
● Prohibición de la Vigilancia Masiva Biométrica: Las tecnologías de reconocimiento facial y otras herramientas que utilizan datos biométricos son altamente intrusivas en la vida cotidiana de las personas y violan los derechos fundamentales.
● Prohibir la extracción invasiva de datos móviles y otras prácticas de hackeo informático de gobiernos que se utilizan para dirigirse a activistas de movimientos sociales, comunidades racializadas y migrantes.
● Garantizar la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas de las tecnologías digitales utilizadas en los espacios públicos por los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las corporaciones privadas.
● Detener los acuerdos comerciales con empresas militares, de seguridad y ciberseguridad israelíes. Prohibir la importación y exportación de tecnologías de vigilancia masiva que han sido desarrolladas en los contextos de ocupación israelí de Palestina. Excluir a las empresas que proporcionan la tecnología utilizada por las fuerzas israelíes para hacer cumplir la colonización israelí de Palestina y el asedio de Gaza de los procesos de licitación pública. Que en esta categoría se incluyan a todas las empresas nombradas en la base de datos de las Naciones Unidas involucradas en asentamientos israelíes ilegales.
● Impedir que el cabildeo corporativo influya en la seguridad pública. El desarrollo y la implementación de modelos Smart City y Safe City deben integrar un enfoque de la sociedad civil, teniendo en cuenta los derechos fundamentales. Las políticas públicas deben ser impulsadas por el público al que se supone que deben servir.
Recomendaciones dirigidas a movimientos sociales, activistas y público en general:
- Protegeos del estado de vigilancia mejorando las competencias digitales y la seguridad. Más información en: www.privacytools.io; www.eff.org/pages/tools; www.securityinabox.org/en;
- Informaos sobre el efecto de las tecnologías de vigilancia digital y cread espacios para discutir los efectos del estado de vigilancia en vuestra comunidad. Por ejemplo, qué datos se recopilan y cómo se procesan; el impacto de la vigilancia en la libertad; y cómo resistir la introducción de nuevas tecnologías por parte del estado y de los municipios locales.
- Exigid el uso de tecnologías democráticas en vuestra comunidad y municipio reclamando una contratación pública responsable que promueva los derechos humanos y la protección del medio ambiente.