La vigilancia de activistas por parte de las fuerzas policiales de España está lejos de ser una simple anécdota. Sin embargo, algunos casos merecen una mención especial por su gravedad y sus consecuencias enormemente perjudiciales para el derecho a la privacidad y el secreto de las comunicaciones. La vigilancia a través de la interceptación de las comunicaciones y la extracción de datos de dispositivos personales, como teléfonos móviles, tabletas y ordenadores, ha sido especialmente dura contra el anarquismo organizado políticamente y los movimientos independentistas vascos y catalanes; aunque también líderes sindicales y otros activistas políticos han sido vigilados de esta manera.
Entre 2013 y 2015, 68 personas fueron detenidas en una serie de macrooperaciones contra grupos anarquistas. Algunas de las personas detenidas habían sido sometidas durante mucho tiempo, incluso durante años, a escuchas policiales especialmente invasivas y perjudiciales, en las que la mayoría de las conversaciones presentadas como prueba en el juicio eran de carácter íntimo o relacionadas con sus redes afectivas y de amistad. Otro de los casos más recientes de escuchas policiales a disidentes políticos fue la investigación contra los llamados Comités de Defensa de la República (CDR), grupos de base independentistas catalanes. Se realizaron mediante la colocación de dispositivos GPS en vehículos para seguir sus movimientos.